El Consejo Coordinador Empresarial de la Laguna expresó su respaldo al posicionamiento emitido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) respecto a las situaciones que diversas empresas del sector han enfrentado en relación con el traslado de combustibles para autoconsumo en obra.
El organismo empresarial aclaró que el sector construcción no comercializa combustibles, y que el traslado que realizan las empresas tiene como único propósito abastecer maquinaria en proyectos ubicados en zonas donde no existen estaciones de servicio cercanas o donde la operación técnica así lo exige.
Subrayó que se trata de una práctica operativa y no comercial.
El organismo empresarial coincidió con la postura del gremio de la construcción, en el sentido de que existe un vacío normativo en materia de transporte de volúmenes menores para autoconsumo, situación que ha dado pie a interpretaciones discrecionales que generan incertidumbre para empresas formales que cumplen con la ley, generan empleo y contribuyen al desarrollo regional.
Ante este escenario, el consejo hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para clarificar los criterios regulatorios aplicables al transporte de combustibles destinados al autoconsumo en obra; establecer un esquema de permisos accesible, ágil y viable para pequeñas y medianas empresas; y garantizar que cualquier revisión o procedimiento se realice con estricto apego a la legalidad y sin espacio para abusos.
Destacó que la construcción es uno de los motores económicos de la región, al detonar inversión pública y privada, generar miles de empleos directos e indirectos y contribuir a la competitividad de La Laguna.
Asimismo, puntualizó que el sector empresarial no respalda prácticas irregulares, pero tampoco puede aceptar que empresas formales se vean vulneradas por ambigüedades normativas o criterios arbitrarios.
Finalmente, reiteró su disposición al diálogo institucional para construir, junto con las autoridades, una solución técnica y jurídica que garantice seguridad energética, orden regulatorio y viabilidad operativa para las empresas.
“La certeza jurídica es condición indispensable para el desarrollo. Sin reglas claras no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento”, concluyó el organismo.